Los bonos de carbono, el Pago por Servicios Ambientales y algo más: instrumentos clave para la conservación en México

Los grandes retos ambientales que existen en el mundo han obligado a la población humana a desarrollar instrumentos de conservación que estudien y protejan el funcionamiento de los ciclos naturales que nos brinda la naturaleza, los cuales permiten que se mantenga y mejore nuestra calidad de vida. Buscando una respuesta, han surgido distintos instrumentos para detener la deforestación, el cambio de uso de suelo (el crecimiento de la frontera agropecuaria), el aprovechamiento sin regulación de los recursos no renovables, la liberación excesiva de gases de efecto invernadero y la falta de coordinación entre las políticas públicas que brindan apoyos para proyectos productivos en zonas rurales del sureste mexicano.

Se ha formado un orden jurídico internacional que exige la regulación de las emisiones de gases de efecto invernadero y que consiste en poner en marcha una serie de normas constitucionales que cada país decide para regular su territorio. Estas condiciones le han exigido al Estado mexicano crear e implementar instrumentos que tengan como objetivo la protección de los recursos naturales presentes en el país y actualmente están regulados por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).

Gracias al desarrollo progresivo en el ámbito jurídico referente a lo ambiental, existen más de 4,000 convenios e instrumentos para enfrentar la degradación al ambiente, sin embargo, en México existe una falta de interrelación entre lo nacional y lo internacional; por esta razón, la instrumentación a menudo es aplicada de manera simultánea sobre el mismo territorio.

Con el fin de conocer mejor ambos mecanismos (nacional e internacional), compararemos el programa federal de Pago por Servicios Ambientales (PSA) y el programa internacional de Bonos de Carbono. Ambos instrumentos están dirigidos hacia la protección ambiental y buscan que los servicios ecosistémicos (SE) que proveen los ecosistemas, como la recarga de acuíferos, purificación del agua, el control de la erosión del suelo, la captura de carbono, el mantenimiento de hábitats, la regulación climática y la formación y el mantenimiento de la fertilidad del suelo, puedan regenerarse y mantenerse sosteniblemente con el fin de que continúen brindando beneficios a las generaciones actuales y futuras.

El Pago por Servicios Ambientales es un instrumento de política pública que otorga un apoyo económico a los dueños de la tierra con el fin de conservar la cobertura forestal y garantizar los SE por medio de un contrato de cinco años de duración. Incluye la realización de actividades productivas sostenibles, las cuales se plasman dentro de una Guía de Mejores Prácticas de Manejo (GMPM), y cuyo cumplimiento es verificado por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) una vez por año.

Por otro lado, en el programa de Bonos de Carbono se busca conservar la cobertura forestal por medio de un contrato de a lo menos 30 años de duración, así como la realización de actividades que generen adicionalidad, es decir, actividades que aseguren el impacto tangible y positivo en los SE. El cumplimiento es regulado y operado por la Reserva de Acción Climática (CAR por sus siglas en inglés) y el pago es realizado por las grandes empresas internacionales que por ley tienen que compensar las emisiones de gases de efecto invernadero que generan anualmente, o bien, por empresas nacionales que desean compensar sus emisiones de forma voluntaria.

Comparando los dos programas a través de cinco criterios, se pueden presentar los siguientes resultados:

Como logramos observar, el Pago por Servicios Ambientales es de una duración menor, lo que lo convierte en un instrumento a corto plazo que requiere de un programa de acompañamiento para evitar la deforestación futura. Por su parte, los bonos de carbono son un instrumento a mediano plazo que conlleva una planeación de actividades productivas sostenibles en la totalidad de la comunidad, lo que permite una conservación a largo plazo.

Aunque ambos programas tienen mucho por mejorar, se amerita recalcar que las empresas pueden tomar iniciativa en el mercado voluntario y actuar desde su trinchera de manera inmediata y en paralelo ayudar a conservar áreas naturales.

En Toroto nos encontramos trabajando en el Metaregistro de bonos de carbono, que es una plataforma digital que pretende brindarle una mejor estructura al actual mercado de carbono. Concretamente, es un listado georeferenciado de proyectos de bonos de carbono en el cual se pueden visualizar diversos detalles de dichos proyectos, contribuyendo a mejorar la transparencia del mercado. En el Metaregistro será posible conocer a los compradores del proyecto de bonos de carbono, al igual que visualizar la ubicación exacta de los bonos que adquirieron. Al ser este un registro completamente público, el Metaregistro puede funcionar también como un verificador para que terceras partes puedan comprobar la transacción que realizó la empresa al comprar sus bonos de carbono.

Si bien el conocimiento y la investigación generados en torno a los diferentes instrumentos de conservación y protección del ambiente se encuentran en constante crecimiento y desarrollo, debemos dar crédito que aún dentro de este dinamismo ininterrumpido, tanto los PSA como los bonos de carbono son programas que buscan conservar los ecosistemas naturales, así como generar adicionalidad con actividades que mejoren la calidad de los servicios ecosistémicos. No obstante, siempre pueden mejorar.

Por lo mismo, te queremos invitar a ser parte de la conversación: este 28 de febrero asiste a nuestro webinar, en el que profundizaremos sobre el Metaregistro, la importancia de conservar nuestros bosques y sobre lo que nos depara la siguiente generación de bonos de carbono.

¡Nos encantará verte ahí!