Conservación voluntaria: el primer paso de la acción climática

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son un instrumento de política pública cuyo objetivo principal es conservar la diversidad de ecosistemas y especies presentes en el territorio nacional. Desde los vastos matorrales de El Pinacate y el Gran Desierto de Altar, hasta las profundidades del océano y las colosales selvas del Sur de México, las ANP han permitido salvaguardar la diversidad genética de especies y preservar ambientes naturales y representativos de México a lo largo de los años. A poco más de un siglo de su concepción, se han decretado un total de 186 Áreas Naturales Protegidas de carácter federal (CONANP, 2022); dependiendo de sus características y la superficie que ocupan, éstas pueden estar bajo cualquiera de las siguientes categorías: Reservas de la Biosfera, Parques Nacionales, Áreas de Protección de Flora y Fauna, Áreas de Protección de Recursos Naturales, Monumentos Naturales, Santuarios y Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación. Hoy hablaremos de éstas últimas.

Aliados locales por el desarrollo sostenible

Históricamente los ejidos y comunidades en México han generado un fuerte vínculo entre el aprovechamiento de sus recursos naturales y la conservación de los ecosistemas; muestra de ello son las 389 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC) que han sido reconocidas a lo largo de los años, cubriendo una superficie aproximada superior al medio millón de hectáreas en al menos 24 estados del país (Ibidem).

Las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación se reconocen por la legislación mexicana desde el 2002, y como su nombre lo indica, tienen como característica principal ser zonas que han sido registradas por sus propietarios o legítimos poseedores, de manera totalmente voluntaria, para el cuidado y protección de la biodiversidad, y el manejo y desarrollo sostenible de sus recursos.

En un país en donde poco más del 50% del territorio nacional está constituido por propiedad ejidal o comunal, la figura de las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación cobran todo el sentido e importancia, pues resultan ser los dueños de la tierra -propietarios de dichas ADVC- un actor clave no sólo en la conservación y restauración de los ecosistemas, sino también en la implementación de proyectos productivos que tengan como eje rector el aprovechamiento sostenible de los recursos, el desarrollo socioeconómico de las comunidades, e incluso, la lucha contra el cambio climático.

Según lo establecen los lineamientos de las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, su modelo de estructuración e implementación se basa en la generación de un Ordenamiento que refleje las características bióticas y abióticas de la zona, así como una descripción de los ecosistemas presentes en el área, haciendo especial énfasis en las especies de flora y fauna registradas. En este sentido, es importante recalcar que el pilar central de la consolidación de las ADVC es la Estrategia de Manejo, en la cual se presenta el conjunto de actividades que pretenden llevarse a cabo y las acciones de protección, conservación y restauración de los ecosistemas que se implementarán conforme a los lineamientos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

De acuerdo con diversos autores (Leverington et al., 2010), la conservación de los ecosistemas había sido concebida desde un enfoque "arriba-abajo", es decir, que ésta ha sido impulsada principalmente por organismos gubernamentales y académicos (es decir, con poca participación de quienes conservan esta naturaleza en sus territorios) y aún cuando a pesar de que esto ha permitido la conservación de muchos sitios en el mundo, es innegable la necesidad de hacer hincapié en la inclusión y participación de los involucrados directos: los dueños de la tierra. En el caso de las ADVC, los involucrados directos no sólo son los responsables de gestionar las actividades de conservación y restauración, sino también de dar seguimiento y ejercer la gobernanza compartida en pro del desarrollo sostenible.

Alcances y oportunidades de las ADVC

Si bien es cierto que la preservación de los servicios ecosistémicos representa un ahorro económico considerable en comparación con la restauración de los mismos, esto no siempre se traduce en beneficios monetarios directos para los principales promotores de estas acciones. En algún momento de la historia de la Áreas Naturales Protegidas, las ADVC eran elegibles para recibir financiamiento por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) para operar proyectos productivos y de conservación, no obstante, ante los recortes presupuestales que sufrió este organismo a partir de 2021, las ADVC ya no son elegibles para recibir este tipo de apoyos.

Ante la inminente crisis ambiental y poco presupuesto público disponible, los dueños de la tierra han dirigido su mirada hacia nuevas estrategias para hacer compatible la conservación de la naturaleza con el desarrollo económico y social de las comunidades. La respuesta recientemente ha recaído sobre la capacidad de financiamiento que tiene el sector privado. Resulta muy frecuente que al pensar en el cambio climático y sus efectos adversos, asociemos al sector privado como el principal causante de esta problemática global, sin embargo, aunque sea verdad, no debemos olvidar que viendo hacia adelante, el sector privado resulta ser clave en los procesos de inyección de capital para el financiamiento de proyectos que permitan hacer frente a la problemática ambiental, climática e incluso, social existente.

En el marco de estos proyectos, la implementación de monitoreos comunitarios para identificar el estado de las poblaciones naturales en los ecosistemas, el levantamiento de un inventario forestal que permita conocer los acervos de carbono presentes en un bosque, y los estudios de impacto y vulnerabilidad social a los que se enfrentan las comunidades son actividades que por el momento, en el caso de muchos países como es el de México, rebasan las capacidades técnicas y económicas ofrecidas por el sector público; la razón principal es que las diferentes instituciones que se encargan de gestionar las ANP y los programas asociados, carecen de un presupuesto específico y dependen exclusivamente de pequeños subsidios anuales, en su mayoría aislados, y muchas veces el presupuesto asignado no es proporcional con las superficies conservadas. De acuerdo con lo reportado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el año 2022, el presupuesto por hectárea protegida fue solamente de 9.70 pesos. Esto genera un riesgo latente para la permanencia de estas áreas y por lo mismo, la conservación de los ecosistemas. Entonces, ¿cómo podemos hacer compatible la conservación y restauración de los ecosistemas en una realidad que vulnera las capacidades de desarrollo económico de los promotores de estas iniciativas?

Construcción de sinergias para la resiliencia climática

Dentro de las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, existen diferentes estrategias para lograr el cumplimiento de los objetivos y una de estas estrategias es la gestión compartida. La gestión compartida se basa en la planificación de operaciones y su articulación con diversos sectores e instituciones (Peña-Azcona et al., 2022). Bajo esta lógica, si reconocemos al sector público como el principal acompañante para la obtención de la certificación de ADVC y al sector académico como el principal aliado en la implementación de las actividades relacionadas a la investigación y el quehacer científico -dentro de las cuales resaltamos la implementación de talleres de educación ambiental y los monitoreos comunitarios de flora y fauna- podríamos pensar que hemos cubierto todos los flancos para la correcta operación de las ADVC, sin embargo, el componente económico sigue siendo relegado de la ecuación.

En este sentido, el sector privado podría incursionar como el principal impulsor del potencial de las ADVC en el mejoramiento y cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible -metas globales establecidas por la Organización de las Naciones Unidas para encaminarnos a un mundo más sostenible y afrontar las crisis existentes- ya que, como mencionamos anteriormente, los compromisos de este sector no se centran únicamente en la acción climática, sino que también podrían dirigirse al empoderamiento de las comunidades y al desarrollo económico de éstas.

De los principales Objetivos del Desarrollo Sostenible en los cuales el sector privado podría jugar un papel protagónico dentro de las ADVC destacan: el objetivo 8, promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos; el objetivo 15, proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica; el objetivo 11, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; y finalmente, el objetivo 13, incentivar la acción por el clima, donde el sector privado es capaz de financiar gran parte de la acción climática que hoy en día urgentemente necesitamos. Si se crean las sinergias adecuadas, para el 2030 deberíamos estar más cerca de revertir los efectos adversos del cambio climático a nivel mundial.

Dentro del potencial socioambiental de las ADVC, podemos mencionar la implementación de los proyectos de secuestro de carbono para acelerar la descarbonización a nivel global; la formulación de corredores biológicos entre ADVC y remanentes de vegetación que permitan conectar diversos paisajes y promover la salud y resiliencia de los ecosistemas; el mejoramiento de las prácticas agrícolas para aumentar las producciones y hacerlas más sostenibles; y la restauración de ecosistemas nativos para adaptarnos y mitigar los efectos del cambio climático.

Por mencionar un ejemplo, Toroto actualmente desarrolla proyectos de secuestro de carbono en la región sureste de México donde participan ADVC, que además del componente climático, han permitido conectar las zonas aledañas a la Reserva de la Biósfera de Calakmul con los remanentes de vegetación que se encuentran en proceso de regeneración, permitiendo así el establecimiento de corredores para las especies.

Todas estas iniciativas conllevan beneficios específicos y directos para los ecosistemas, tales como el mantenimiento de las poblaciones biológicas, el aumento en los acervos de carbono y la preservación de especies en peligro de extinción; así como también generación de cobeneficios para la población local y mundial, dentro de los que destacan la regulación de los ciclos biogeoquímicos, el mejoramiento en la calidad del aire, el acceso seguro a los alimentos, y un mayor crecimiento económico.

Dicho lo anterior queda en evidencia que la relevancia de las ADVC va más allá de un proyecto forestal, o del cuidado de un grupo social: las ADVC representan el esfuerzo de hombres y mujeres del campo que en la mayoría de los casos han dedicado su vida a comprender y aplicar las relaciones sostenibles que han creado con la naturaleza y que hoy en día, son una de las respuestas más integrales que tenemos a combatir la crisis social, ambiental y climática que amenaza a todo lo que conocemos. Sin embargo, no debemos dejar de lado la complejidad de la gestión que gira en torno a ella y los requerimientos financieros necesarios para su operación. México ha tenido grandes avances en materia de conservación y restauración de ecosistemas, sin embargo, el camino de la acción climática aún es largo y quedan muchos retos y oportunidades por afrontar. La gran variedad de ecosistemas sólo podrá ser protegida en su totalidad si existe una revalorización de la labor y voluntad de quienes cuidan sus territorios y deciden destinarlos a una causa mayor por un beneficio global, así como a la suma de esfuerzos de los sectores público, privado y social.

Sobre la autora:

Teresita es bióloga egresada de la UNAM con experiencia en restauración de ecosistemas. Quiere ser un agente de cambio y se esfuerza al máximo por entender las complejas relaciones entre la sociedad y la naturaleza.

Referencias:

• Borrini-Feyerabend G.; Nigel Dudley.; Tilmas J.; Lassen, B.; Pathak Broome, N.; Philips, A y Sandwith,T. (2014). Gobernanza de Áreas Protegidas: de la comprensión a la acción. UICN. Disponible en: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/pag-020-es.pdf
• Chacón, C. M. (2008). Voluntad de conservar. Experiencias seleccionadas de conservación por la sociedad civil en Iberoamérica. The Nature Conservancy.
• CONANP. (2022). Áreas naturales protegidas decretadas. http://sig.conanp.gob.mx/website/pagsig/datos_anp.htm
• Leverington, F., Costa, K. L., Pavese, H., Lisle, A., y Hockings, M. (2010). A global analysis of protected area management effectiveness. Environmental Management, 46(5), 685-698. https://doi.org/10.1007/s00267-010-9564-5
• Morett-Sánchez, J. Carlos, y Cosío-Ruiz, Celsa. (2017). Panorama de los ejidos y comunidades agrarias en México. Agricultura, sociedad y desarrollo, 14(1), 125-152. Recuperado en 03 de enero de 2023, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-54722017000100125&lng=es&tlng=es
• Peña-Azcona, Ivett, Ortega-Argueta, Alejandro, García-Barrios, Raúl, y Elizondo, Cecilia. (2022). Áreas de conservación voluntaria en México: alcances y desafíos. Revista de Ciencias Ambientales, 56(2), 120-145. https://dx.doi.org/10.15359/rca.56/2.7
• Peña-Azcona, I. (2015). Percepción socio ambiental de las áreas destinadas voluntariamente para la conservación en el Istmo Oaxaqueño (Tesis de maestría). El Colegio de la Frontera Sur, México.